Ayer y hoy en del Código de Justicia Militar en la jurisprudencia de la Corte Suprema: recordando el caso “Pucci”

 

Publicado en El Derecho, Legislación Argentina, Boletín Nº 5, 13 de abril de 2007

I. El caso de 2007

El pasado 6 de marzo la Corte Suprema, ante el recurso de hecho deducido en los autos “López, Ramón Ángel s/ recurso del art. 445 bis del Código de Justicia Militar –causa Nº 2845” (L.358.XXXVIII), por mayoría, declaró inconstitucional el juzgamiento en tiempos de paz de militares por tribunales castrenses. Consideró que los tribunales que prevé el Código de Justicia Militar no satisfacen el requisito de “tribunal independiente” que aseguran los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ello en tanto los miembros de los tribunales castrenses están sometidos al poder disciplinario del Poder Ejecutivo y, para la Corte, eso los transforma en tribunales administrativos incompetentes para aplicar penas. Además, el imputado no puede designar defensor letrado de confianza, lo que afecta su derecho de defensa en juicio, agravado porque también el defensor “de limitada elección y lego” está sometido al derecho disciplinario.

El fallo es suscrito por Lorenzetti, Zaffaroni[1], Fayt (según su voto), Argibay (según su voto)[2], Maqueda, Highton de Nolasco y Petracchi (estos tres últimos en disidencia parcial).

No voy a comentar el fallo ni los diferentes votos. Seguramente será de provecho analizar, fundamentalmente con relación al primero de los votos: a) si la declaración de la inconstitucionalidad era necesaria ante la existencia de arbitrariedad (como postulan Maqueda, Highton de Nolasco y Petracchi, y surge del dictamen del Procurador Fiscal) [3], b) si la solución propuesta por el Congreso por medio de la Ley 23.049 de 1984 no asegura suficientemente las garantías constitucionales citadas, aun cuando pueda sostener cada juez que sería preferible otra opción, c) si en tiempos de guerra sería aplicable lo acá resuelto, d) si no es admisible constitucionalmente que el Congreso disponga que quienes voluntariamente se integran a las fuerzas armadas se sometan a un régimen especial para su gobierno, no solo para someterlos a una unidad y dirección sino también “de modo de contenerlo ante la sociedad desarmada”, como alguna vez refirió la Corte y recuerda el procurador, e) cuál es el límite entre actividad sancionatoria administrativa y derecho penal especial, que el voto que encabeza el fallo postula como casi evidente, f) si cabe predicar que el Pacto de Costa Rica exige una solución como la que surge del voto que encabeza el fallo, atento la jurisprudencia que señala el Procurador Fiscal, g) si sería admisible el recurso del fiscal en caso de absolución por el tribunal militar; entre otras cuestiones de interés tratadas en la sentencia.

Ahora bien, aun cuando no vaya a analizarlo, sí voy a usarlo como excusa para recordar algún caso donde la Corte no se atrevió a cuestionar estos tribunales castrenses cuando se aplicaban a civiles. Tal vez sea un buen modo de recordar a los civiles que fueron sometidos a tribunales castrenses sin lograr reconocimiento de sus indisputables derechos a un juicio justo.

Por cierto, el lector advertirá que las diferencias entre uno y otro caso son obvias. En el caso de 2007 el estado militar (sujeción especial) fue asumido voluntariamente por el luego imputado al elegir la carrera militar (consentimiento cuyo valor seguramente cabría admitir solo por lo excepcional de las circunstancias para las que se presta), mientras que la sujeción especial (estado militar) fue impuesta en el caso de los “movilizados” que veremos enseguida, más aún cuando la razón de la “movilización” no fue la defensa de la patria sino la pura represión a las libertades sindicales y de expresión.

Veamos.

 

II. El caso de 1959: “Pucci”

1. Recordemos el caso “Pucci” del 17 de abril de 1959 (Fallos 243:306). Vicente Pucci era un obrero argentino, de 43 años de edad, casado, que se desempeñaba como soldador de autógena en el taller de herrería de la localidad de Pérez, del Ferrocarril Mitre.

La Unión Ferroviaria declaró huelga desde el día 29 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 1958. Pucci adhirió a ella: no concurrió a trabajar.

2. Antes, el día 27 de noviembre de 1958, el presidente Frondizi había dictado el decreto 10.394 mediante la cual disponía la movilización de todo el personal ferroviario con arreglo a la ley 13.234. En términos simples los empleados y funcionarios ferroviarios adquirían estado militar y quedaban sometidos al Código de Justicia Militar. El decreto 10.395 del mismo día prescribía que las infracciones del personal movilizado serían juzgadas mediante el procedimiento “verbal y sumario” establecido para tiempos de guerra. Los decretos podrían ser calificados de pintorescos si no formaran parte de una historia represiva que la Argentina vivió.

3. Cuando Pucci volvió al trabajo el día 5 de diciembre las autoridades militares le aplicaron sanción disciplinaria de fajina. La sanción de fajina consistía en un recargo de sus tareas, sin remuneración, por igual cantidad de horas a las que había adherido a la huelga.

4. El huelguista se negó a realizar las tareas de fajina. Intimado verbalmente varias veces y advertido de las consecuencias a las que se arriesgaba de continuar la negativa, Pucci reiteradamente se negó.

5. El día 12 de diciembre de 1958 se lo sometió a un Consejo de Guerra por “insubordinación”. El Consejo de Guerra, en el mismo día, luego de escuchar a Pucci y a su defensor -un teniente- resolvió condenarlo a la pena de dos años de prisión menor como autor responsable del delito militar de insubordinación. Se notificó al condenado y a su defensor: ninguno apeló. No es claro si se les informó de la posibilidad de recurrir.

6. En suma, por negarse a someterse a sanciones militares por adherir a una huelga, un obrero ferroviario era condenado a dos años de prisión.

7. Un abogado, el doctor Battcock, interpuso recurso de habeas corpus en su favor. Sostuvo que ignoraba la situación del obrero Pucci y, denunciando su detención que calificaba de ilegal, impugnó la constitucionalidad de la ley 13.234, de los decretos 10.394 y 10.395 y del sometimiento de civiles a las leyes militares, afirmando que Pucci había sido condenado por “comisiones especiales” prohibidas por la Constitución. Así, que su detención obedecía a una autoridad incompetente.

8. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación luego del rechazo por el juez de primera instancia confirmado por la Cámara de circuito. La Corte, luego de requerir el expediente, de conformidad con lo dictaminado por el procurador Benitez, por mayoría, rechazó el recurso. La detención de Pucci no era ilegítima.

Conformaron la mayoría los jueces Oyhanarte, Aráoz de Lamadrid y Boffi Boggero (según su voto). En disidencia votó Orgaz.

9. Oyhanarte y Aráoz de Lamadrid sostuvieron que el habeas corpus no podía funcionar como un recurso de revisión de sentencias firmes emanadas de tribunales militares, recordando que ni Pucci ni su defensor (el teniente) habían deducido recursos. La Corte, en algún sentido, le atribuía a Pucci su incompetencia… pues ¿acaso no sabía que podía recurrir? Por cierto, esa omisión podría suponer que para la Corte, Pucci, quien había negado a las autoridades facultades para imponerle la fajina, sí estaba conforme con la pena de prisión por insubordinación. Por otro lado, si el habeas corpus no era la vía, cabe inferir que ello era así en tanto la detención no era ilegítima por provenir de autoridad competente.

Boffi Boggero sumó argumentos en un voto particular. Recordó que se debía recurrir ante los jueces de la causa (el Consejo de Guerra) y que fue Pucci quien, conociendo las consecuencias de negarse a la fajina, se expuso al proceso, y, condenado, consintió la sentencia. Citó precedentes de la Corte respecto de la relevancia de la preservación de la cosa juzgada. Y advirtió que hasta Pucci podría ser en el futuro perjudicado de aceptarse la revisión en esa instancia de la pena de prisión por dos años impuesta en un proceso de un día de duración. Concretamente dijo: “Que apartarse de ese fundamental principio a efectos de arbitrar una solución que se estimare equitativa puede significar, más allá de tan elevados propósitos, un modo de sentar precedentes que en su oportunidad se vuelvan contra los ocasionales beneficiarios de hoy, los que también reciben las ventajas permanentes de la seguridad jurídica” (el resaltado me pertenece).

Tal vez Pucci no advertía desde su prisión la “ventaja permanente” de la seguridad jurídica: ser un obrero que adhirió a una huelga, y que, por negarse a trabajar gratis para su patrón por semejante “delito” fue condenado a dos años de prisión por un Consejo de Guerra en un proceso que duró un día y donde no pudo ni siquiera designar un abogado de confianza.

10. Orgaz votó en disidencia. Afirmó que en condiciones ordinarias la denegación del recurso no hubiera merecido dudas. Pero que la doctrina que establece que el habeas corpus no es un remedio para sustituir a los jueces de la causa supone que la competencia del tribunal no esté severamente cuestionada, un proceso regular y la posibilidad de designar un defensor. En cambio, en el caso, Pucci había elegido al teniente como defensor de una lista acotada, y éste se limitó a reconocer los hechos, la calificación y pedir el mínimo de la pena; no apeló ni cuestionó la competencia de las autoridades militares. Orgaz sostuvo que cualesquiera hubieran sido los motivos del defensor para actuar así, no habría ocurrido con un letrado de confianza y que, rechazar por razones formales el recurso, implicaba cerrar a Pucci la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de la ley y de los decretos impugnados.

Concluyó expresando que “… la mera posibilidad verosímil de que un ciudadano haya sido condenado por un tribunal incompetente a sufrir una pena de privación de la libertad, justifica que se dejen de lado las objeciones de carácter formal a fin de examinar la cuestión de inconstitucionalidad que el recurso plantea”.[4]

III. Final

Las actuaciones que llevaron a prisión a Pucci y a muchos otros ciudadanos dieron lugar a numerosos casos judiciales, a una interpelación al entonces ministro del Interior en el Senado en 1961, etc. Como es obvio, mucho ha pasado en la Argentina. Recordar el caso de Pucci me pareció oportuno ante el fallo de la Corte que cuestiona el Código de Justicia Militar, aun cuando, como dije, para un supuesto totalmente diferente.

Cabe reflexionar que, a veces, invocamos la autoridad de la Corte Suprema como si se tratara de un ser vivo, único, racional y coherente que desarrolla su inteligencia y valores de modo parejo. También que en muchas ocasiones invocamos como autoridad las sentencias o votos de algunos de los grandes juristas que la integraron sin tener la capacidad crítica para confrontar el valor de los principios que escribían con la justicia de algunas de sus decisiones.

Las instituciones deben permitir el desarrollo de las expresiones del pueblo de modo de construir una democracia real. La brutal injusticia del caso de Pucci daba una oportunidad a la Corte de 1959 para pronunciarse por la libertad: por el ejercicio de los derechos a la huelga y de expresión. La dejó pasar invocando razones formales que, además, por lo dicho arriba, me parecen equivocadas[5]. Si la Corte actuaba en 1959 como un órgano legitimador de actitudes claramente represivas del Poder Ejecutivo abandonaba su rol de defensor de los derechos individuales[6], y, eso, creo, no le hizo ningún bien al país y a la construcción de la democracia. A mi modo de ver, el caso Pucci –entre tantos otros- debe formar parte de la reflexión sobre la historia de las instituciones y la construcción de la democracia de la Argentina.

Publicado en El Derecho, Legislación Argentina, Boletín Nº 5, 13 de abril de 2007.

NOTAS


[1] El voto de los dos primeros recuerda el caso de un defensor que, en 1931, debió exiliarse luego de realizar una defensa que no agradó a sus superiores.

[2] La jueza Argibay al votar por la revocación de la sentencia solo se pronuncia por la inconstitucionalidad de la limitación en la elección del defensor y el sometimiento de éste a reglas disciplinarias.

[3] Según los referidos jueces, la existencia de arbitrariedad torna insustancial el tratamiento de los restantes agravios constitucionales.

Pienso que afirmar que la declaración de inconstitucionalidad resulta la “ultima ratio” del sistema no es una reflexión menor, pues implica, en términos simples, el respeto por los principios democráticos. Si los jueces deben resolver casos particulares, no corresponde que, si está a su alcance atender el agravio del imputado por la vía de respetar la decisión del Congreso, elijan la de descalificar la norma general que éste produjo; pues en todo caso pueden aun por la vía menos heterodoxa del obiter dictum dejar sentado un criterio para que los órganos políticos representativos generadores de normas generales tomen conocimiento de las eventuales deficiencias de las leyes, al menos a criterio de los jueces.

[4] Si el habeas corpus es el modo de evaluar si una detención es o no ilegal, no parece que la vía intentada por el abogado que lo interpuso fuera incorrecta, pues la garantía implica que “se traiga el cuerpo” (el detenido) para que el juez del habeas corpus analice la corrección de la privación de la libertad. Máxime si desconocía dónde estaba detenido ni había podido tener acceso el imputado a designar un abogado que en los tiempos de la ley hubiera recurrido ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas o ante la Corte por la vía del recurso extraordinario, etc.

[5] Reitero: a) la presunción de la conformidad del imputado ante la sanción de prisión no se sostiene por la acreditada negativa a someterse a la sanción de fajina, b) si su defensor no había interpuesto la apelación o el recurso extraordinario y el imputado no había podido nombrar defensor de confianza, no era admisible vedarle la revisión de la condena por alguna vía, como señala Orgaz, c) el habeas corpus cuestiona una detención como ilegal, por lo que solo sería admisible el rechazo por motivos formales si se juzgara que la actividad de los Consejos de Guerra es judicial, d) la revisión de la cosa juzgada penal admite más alternativas que la de la cosa juzgada civil, y, e) clamaba al cielo que no se puede condenar a nadie a dos años de prisión por adherir pacíficamente a una huelga y mucho menos resolverlo en un proceso que dure un día y sin que el obrero imputado pudiera designa abogado de confianza, y que, por lo tanto, la detención era ilegítima e inconstitucional.

[6] Algo que no debe ser confundido con la confrontación ante decisiones políticas.

Una respuesta to “Ayer y hoy en del Código de Justicia Militar en la jurisprudencia de la Corte Suprema: recordando el caso “Pucci””

  1. ernesto a ciunne Says:

    Muy interesante su analisis y oportuno, soy investigador de la historia de los ferrocarriles y poniendo en valor el archivo de mi padre que fue empleado ferroviario, en el F.C.Gral.Mitre encontre unas cartas enviadas por un compañero desde la Isla Martín Garcia. con fechas del año 1959.
    Sabía por relatos de mi padre, yo era muy chico de su viaje a la isla pero ahora al encontrar las cartas entendí el motivo. Su compañero se llamaba Primo Ricci, era como mi padre dirigente de la UNIÓN FERROVIARIA por aquellos años. Estoy investigando justamente las huelgas ferroviarías del gobierno del Dr.Arturo Frondizi- Aparentemente estuvo preso entre noviembre de 1958 y abril de 1958. CUALQUIER INFORMACION SERÁ AGREDECIDA MUCHAS GRACIAS

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