¿Es la actividad que desarrollan las empresas que ofrecen seguridad privada una “industria lícita”? En tal caso, su regulación es ¿es facultad de la Nación o de las Provincias?

Publicada en revista El Derecho en enero de 2003.

1. El interrogante del título no es abstracto. Algunas provincias (como Buenos Aires, Santa Cruz o la Ciudad de Buenos Aires) han dictados normas que regulan la actividad de las empresas de seguridad privada estableciendo quiénes están autorizados a desarrollar la actividad, sus condiciones, exigencias para los administradores, conductas permitidas y prohibidas, etc. Por su parte, en la Cámara de Diputados existen proyectos que afirman que esa atribución corresponde a la nación y otros que consideran que las facultades corresponden a las provincias y que, en todo caso, pueden adherir a las reglas que proponen desde el Congreso para regular el rumbo en ámbitos interjurisdiccionales (1). Por ello refería que el caso reviste actualidad.

2. Cabe, primero, preguntarse si dar producción a un individuo o empresa por un precio es una “industria lícita” en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional. La pregunta no es ociosa.

Sería deseable que la seguridad pública fuera lo suficientemente eficiente como para que la sensación del ciudadano no le hiciera aspirar a una fuerza adicional. Una sociedad que exhibe ciudadanos que destinan sus recursos a armarse (individualmente o mediante empresas de seguridad privada) nos habla de una violencia cada vez mayor y de un modelo que no puede contener y conducir a las personas hacia conductas menos agresivas. Asimismo, el tema plantea una diferencia social por capacidad de ingresos que hace reflexionar sobre las causas y consecuencias.

Se trata de un tema que remite a atribuciones indelegables del Estado, y, en tal sentido, suponer las diferencias de calidad del servicio por la capacidad económica puede ser chocante. Sin embargo, en un país sometido al mercado, la capacidad económica se traduce también en mejor alimentación, salud, educación, etc., pero esto es otro debate.

Ahora bien, ¿qué es la “seguridad privada”?

En principio me parece que no es más que una contribución a la legítima defensa. Es que si fuera “algo más” que esto estaríamos hablando ya de monopolio público de la fuerza y, obviamente, su regulación por el estado y sometimiento a su conducción sería absoluto y no meramente reglamentario. Pienso entonces que el primer interrogante que gira en derredor de la admisibilidad o no de la actividad de dar seguridad a terceros nos remite a una resolución política y constitucional sobre la legalidad de la conducta, desde el punto de vista penal y comercial. En este sentido, creo que es facultad de
la Nación resolver si esta actividad es o no admisible; en otros términos, si se trata de un contrato con un objeto lícito o no. Si fuera admisible, su especial objeto exige una regulación y control estricto.

3. Si la presentación de “seguridad privada” no es una actividad admisible no cabe seguir indagando en el tema. Pero si la respuesta es afirmativa y se trata de una “industria lícita” la siguiente pregunta es: ¿la deben regular las provincias o la Nación? Si se trata de una industria lícita, la atribución respecto de su regulación es de la Nación por aplicación de la cláusula de los códigos (artículo 75, inciso, 12, CN) del principio de igualdad (artículo 16, CN) y del de legalidad (artículo 19, CN). Del mismo modo, si constituya una contribución a la legitima defensa su reglamentación nos vuelve a remitir a la cláusula de los códigos del artículo 75 de la Constitución federal.
La Constitución establece que el ejercicio del comercio y las relaciones del trabajo son reguladas por la Nación (artículo 75, inciso 12, CN) y que son iguales en todo el país. Los ciudadanos, pues, tienen iguales derechos para desarrollar la empresa (industria lícita) y trabajar en cualquier lugar del país.

Por ello, una provincia no podría prescribir validamente que ciertos tipos societarios estuvieran habilitados para desarrollar la actividad y otros no, o prohibirle hacerlo a las cooperativas, o establecer requisitos para los administradores, por dar algunos ejemplos. Cabe además, recordar la existencia de normas que prohíben la discriminación. Del mismo modo, es la Nación quien establece las condiciones y requisitos de la legítima defensa.

No advierto por que el ciudadano debe someterse a las leyes nacionales cuando por sí pretende proveerse de medios defensivos (armamento y elementos defensivos admitidos, condiciones de uso, etc.) y, en cambio, se puede afirmar sin incurrir en contradicción que cuando esa misma actividad es desarrollada por una empresa a cambio de un precio
la Nación no tiene potestades para regularlas sino que es atribución de las provincias. Me inclino entonces por afirmar que si la seguridad privada es una “industria lícita”, la facultad de dictar las reglas de su ejercicio es del Congreso de
la Nación. Pero la aplicación de esas normas que debería dictar
la Nación es atribución de las autoridades provinciales (artículo 75, inciso 12, CN), sin perjuicio de las potestades comunales.

4. Como antes referí, existe otra tesis que argumenta que siendo la seguridad interior de cada provincia una atribución reservada por la Constitución a las provincias, y entendiendo que la seguridad privada es “complementaria” de aquella, su reglamentación es facultad propia de cada estado local.

Esta tesis supondría, obviamente, que la seguridad privada es algo más que una “industria lícita” o una “contribución a la legitima defensa” casi como una extensión o complemento de la fuerza pública, monopolizada por el Estado. Si esto fuera así, la subordinación de la fuerza pública de la seguridad privada debería ser casi total y la actividad asemejarse a (o, mejor: constituir) un servicio público. Pero si la causa de la obligación de la obligación de la empresa es el cumplimiento del contrato con el cliente y no una finalidad pública, me parece que el argumento es débil. Para que el argumento de la atribución provincial fuera fuerte debería demostrar que la actividad de las empresas de seguridad privada son un servicio público y que no remite ni al ejercicio de una “industria licita” ni al ejercicio de la legítima defensa. En tal caso su régimen se asemejaría más a la concesión del servicio público, donde el papel del Estado es también decisivo. Esto nos retrotrae a las preguntas antes enunciadas: ¿qué es a seguridad privada? ¿es admisible?

5. En síntesis: salvo que se analice la seguridad privada como un complemento del servicio público y, por ello, sometido a la conducción operativa de la autoridad competente de ese servicio, creo que es obligación de
la Nación regular esa actividad, si resuelve que constituye una industria lícita.

Resolver si es o no “industria lícita” constituye una discusión que por imperativo lógico se debió haber dado antes. No ingreso en ella, aunque, como dije, desearía que fuera innecesaria y que todos los recursos disponibles de la sociedad se volcaran en la seguridad pública, igual para todos. Pero esto es otra cuestión.

En orden a la situación de hecho existente, me inclino por la tesis que coloca en
la Nación la facultad de regularla y en las provincias la de aplicarla.

Los estudiosos –del derecho entre otras materias- podrían contribuir en la discusión política del tema que, como se advierte, presenta varias aristas de interés y resulta, lamentablemente, de actualidad.

 

NOTAS

(1) La referencia es a la fecha de publicación de la nota, en enero de 2003. Ver los proyectos de los diputados Quintela: 252-D-01 (T.P.3/2001); Camaño, G.: 2049-D-02 (T.P.44); Montoya: 3382-D-02 (T.P.72); Stubrin: 4972-D-(T.P.24); Cigogna: 5510-D-02 (T.P.128). Coincido con el de Cigogna, en el que participé asesorando. En 1999 la Cámara de Diputados discutió un proyecto que consideraba que la facultad era de las provincias, y las invitaba a adherir el régimen que fijaba la Nación.

Actualmente, en 2007, existen varios proyectos que proponen una regulación nacional.

Publicada en “El Derecho”, Buenos Aires, en enero de 2003.

 

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