La inconstitucionalidad del “cobro” del impuestos al valor agregado a los municipios (1)

Sumario: Resumen. 1. Introducción. 2. Del impuesto al valor agregado. 3. La imposición de impuestos al municipio: la literalidad del texto constitucional. 4. Conclusión. 5. Algunas objeciones de la tesis expuesta. 6. Final.

Publicado en 2002, revista El Derecho. 

Resumen

Considero que el Congreso de la Nación no está autorizado a imponer impuestos a los municipios. Por ello opino que es inconstitucional que los municipios paguen el impuesto al valor agregado como consumidor final en el precio de las operaciones de compra de bienes o locaciones de servicios que realizan en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales.

1. Introducción

a) Resulta indiscutible la facultad del Gobierno de la Nación de imponer contribuciones a la población. Surge de los arts. 4º, 75 y concs. de la Constitución Nacional.

Las exigencias del poder político a la población para solventar los gastos que hacen al sostenimiento del Estado, en beneficio del bien común, tienen fundamento en diversas teorías y son objeto por la doctrina de diferentes definiciones y clasificaciones.

Las teorías que dan sustento a la facultad del Estado son enumeradas por los autores que tratan la materia, y en general, encuentran justificación en la necesidad de contribuir entre toda la población a afrontar los gastos generales, en beneficio de la comunidad.

Ahora bien, se interesa desde ya destacar que, en principio, solo se concibe como sujeto contribuyente al ciudadano, al individuo, al titular de la propiedad privada, al privado (sociedades, etc); no se concibe al impuesto como una obligación de un Estado como sujeto pasivo.

En efecto, según EHBERG, los impuestos son prestaciones al Estado y demás entidades de derecho público, que éstos reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas, para NITTI es una cuota parte de la riqueza de los ciudadanos que éstos dan obligatoriamente al Estado y otros entes de derecho administrativo, para ponerlos en condiciones de proveer a la satisfacción de las necesidades colectivas; conforme a TANGORRA es la contribución requerida a cada uno de los ciudadanos para proveer a gastos necesarios para la prestación de los servicios por el Estado. Y es interesante destacar que entre los elementos esenciales del impuesto moderno JÉZE incluía que es debido por los individuos únicamente en razón de que ellos forman parte de una comunidad políticamente organizada.(2)

MONTESQUIEU, por su parte, había definido a las rentas del Estado como la parte que da el ciudadano de lo que posee, para tener asegurada la otra, o para disfrutarla como le parezca. (3)

En orden a las clasificaciones de los tributos, la más conocida es la tripartita, que los agrupa en impuestos, tasas y contribuciones especiales. (10)

En el primer caso (impuestos) el pago exigido al contribuyente no tiene como contrapartida un derecho a prestación fiscal concreta y diferenciada, imputada al contribuyente en su específico carácter de tal.

En la tasa, en cambio, en principio, esa contraprestación resulta diferenciada.

Y por último, las contribuciones especiales tienen por contrapartida, al igual que la tasa, un beneficio al contribuyente, pero éste se adquiere indirectamente, por una actividad no dirigida individualmente a él.

A su vez, los impuestos -de éste tributo nos ocuparemos acá- pueden ser clasificados en internos (impuestos al consumo, al patrimonio, a la renta, etc.) o externos (derechos aduaneros, de importación y exportación), y, a su vez, en directos o indirectos. (5)

Volveré sobre el punto.

b) Ahora bien, esa facultad, que tiene origen antiguo, también reconoce límites.

Casi puede decirse que la limitación al poder del Estado de fijar cargas tributarias es uno de los elementos que ha marcado la evolución de teoría política del último milenio.

Como es conocida la Carta Magna impuesta por los señores feudales al rey Juan Sin Tierras de Inglaterra en 1215 constituyó un límite, según el cual no se impondrían tributos sin consenso general; y resulta indiscutible la relevancia de ese texto en el desarrollo de la organización del Estado y el derecho constitucional.

Resulta ajenos al objeto de este trabajo realizar un estudio histórico de las limitaciones al poder del Estado de fijar contribuciones, pero cabe acordar que no existe poder de fijar contribuciones sino bajo la condición de estrictas limitaciones.

c) Estos límites, en el caso de nuestro derecho, surgen del propio texto constitucional.(6)

Estos frenos pueden también ser objeto de diversas clasificaciones, sea por el sujeto que posee la potestad (Gobierno nacional, provincias o municipios), sea por la limitación al sujeto pasivo (sostengo que no se puede gravar como sujeto pasivo al municipio) o bien por principios que hacen a la justicia del tributo: por ellos no puede resultar desproporcionados, ni confiscatorios, ni irrazonables, etcétera.

JOAQUIN V. GONZALEZ, por su parte, los agrupa así: (i) los que surgen de la soberanía política –territorio-, bienes, autoridad sobre las personas y el dominio sobre las cosas; (ii) los de carácter constitucional por ejemplo los poderes exclusivos del Congreso, etcétera; y, (iii) los implícitos por resultar conexos con la soberanía del Estado Nacional, estados provinciales y los propios poderes internos.(7)

De todos modos, mas allá de las sutilezas y desde otro costado, no está de más referir que, tal vez, el freno más importante es la propia prudencia del Estado pues, como bien se ha dicho: “las rentas públicas no deben medirse por lo que el pueblo debería dar, sino por lo que debe dar; y si se miden por lo que puede dar, es necesario que a lo menos sea lo que puede siempre”.(8)

d) No es mi intención extenderme en consideraciones tangenciales al objeto del presente y, por ellos, intento con esta introducción señalar dos puntos: el primero remite a la facultad insoslayable del Estado de exigir contribuciones a la población, y el segundo a que este poder no es ilimitado sino que hace a la esencia del derecho constitucional su limitación.

En lo que sigue ingresaré derechamente en el estudio de impuesto al valor agregado para, luego, analizar los límites que rigen a esos tributos. Por último intentaré demostrar la inadecuación a las reglas constitucionales de la pretensión del Gobierno de la Nación conforme a la ley vigente de exigir a los municipios pagar el impuesto al valor agregado (IVA) en el precio de las operaciones de adquisición de bienes y servicios.

2. Del impuesto al valor agregado

a) El impuesto al valor agregado es un típico impuesto indirecto que grava el consumo.

Se considera impuesto indirecto a aquel, en el cual el constituyente de iure traslada el pago efectuado. Es decir, el constituyente económico o real- quien realmente paga el impuesto- es un tercero (9).

b) Estos impuestos indirectos tienen origen en lo que se denominaba “impuestos a las ventas” e “impuestos a las mercaderías” y, siempre se ha señalado su carácter “engañoso”, pues se esconde de quién es el verdadero contribuyente ya que, se reitera, no coincide el afectado por el tributo (el que lo paga) con el que efectivamente ingresa el dinero en las cuentas del Estado.

Al respecto, cuanta Táctico que Nerón suprimió gravaba en un vigésimo quinta parte que se pagaba en Roma por los esclavos pero que, esta supresión, fue más aparente que real porque pasó a exigirse ese mismo gravamen al vendedor, y éste a su vez lo trasladaba al precio, aumentándolo (10)

Como se verá abajo, en el supuesto que nos ocupa ocurre algo similar, pues el contribuyente de iure no coincide con el contribuyente de facto.

c) El impuesto sobre el valor añadido (the tax on value added) presenta diversas formas y modalidades (tipo renta y producto neto y tipo consumo), y ha tenido un importante desarrollo en el siglo XX, especialmente a partir de las experiencias de Francia y Japón. (1)

En nuestro país el impuesto el valor agregado, como ya dije, es un típico impuesto indirecto sobre el consumo. Cabe también reiterar que en este tipo de tributos el constituyente real en la hipótesis en estudio el municipio debe pagar en cada una de las operaciones de compra venta de bienes o locación de servicios que realiza, un porcentaje (12) mayor que el valor del bien o del servicio, en concepto del impuesto al valor agregado.

Así, ese incremento (impuesto) termina involucrado en el precio que se factura al consumidor (municipio), quien lo cancela con el pago al proveedor.

En la economía de la ley del impuesto al valor agregado, el hecho imponible es la operación de compraventa o locación y en el precio se incluye el tributo en la alícuota correspondiente. Conforme al texto legal, el municipio es un consumidor final, y por ello, el impuesto no es discriminado sino que derechamente se integra al precio. Así, como se refirió, el municipio cancela la factura abonando el impuesto involucrado en el precio.

A su turno, el proveedor, contribuyente de iure, solo percibe la suma correspondiente al impuesto al valor agregado (que incluyó en su factura) para su depósito en las cuentas del Estado nacional al momento de cumplir con su obligación de liquidar el impuesto de referencia, efectuando las compensaciones y cálculos con arreglo a la ley.

La situación del proveedor del municipio en orden a sus créditos y débitos fiscales, como es obvio, es ajena a la situación del municipio desde que éste: (i) canceló su obligación frente al proveedor pagando el precio con más el recargo en concepto del I.V.A; y, (ii) el proveedor establece un precio para sus bienes y servicios al que debe sumarse el impuesto que recauda, en definitiva, el Estado nacional, con arreglo al sistema legal de créditos y débitos.

En consecuencia, el afectado patrimonialmente es el consumidor final (municipio).

Así es el quien ha realizado un aporte patrimonial obligatorio a favor del Gobierno de la Nación al realizar actos de cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales (la adquisición de bienes y locación de servicios).

En suma, el que –de hecho- paga el impuesto es el consumidor final (municipio), y no el sujeto pasivo que al final del siclo lo deposita.

Por ello, atendiendo a la realidad económica –como lo enseñan los autores, la historia y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema-, corresponde analizar si es compatible con la Constitución que el Gobierno de la Nación imponga a los municipios cargas tributarias, aún por la vía indirecta como la que nos ocupa.

3. La imposición de impuestos al municipio: la literalidad del texto constitucional.

a) Tal como se refería arriba, el art. 4º de la Constitución prescribe que –cito textual- El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa, y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y que los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional ( el subrayado me pertenece).

b) De la lectura del texto transcripto puede advertirse que el Congreso solo tiene facultades para imponer contribuciones a la población. Y pienso que podemos afirmar que el municipio es una institución diferente antológicamente.

Y si damos relevancia a las palabras que se selecciones para componer el texto constitucional creo que se puede extraer una conclusión importante. En efecto, sostengo que el término “población” como único sujeto pasivo de las contribuciones y tributos conforme al texto del art. 4º de la Constitución no es arbitrario ni casual, sino, por el contrario, relevante y sabio.

Es que la limitación del sujeto pasivo –del contribuyente- a la población, nos remite al ámbito privado y al universo de relaciones civiles y comerciales que se desarrolla ente la población. En él se abarca a las sociedades civiles y comerciales, que no constituyen mas que personalidades diferenciadas que el Estado concede con miras en los fines lícitos que la ley establece (conf. art. 31 y concs, cód. civil, doctr. arts. 2 y 54, LSC, etc.), pues estas instituciones siempre remiten a personas físicas en el ámbito privado.

Si esto es así, la lectura del art. 4º de la constitución sugiere que se excluyan a las organizaciones políticas públicas con rango constitucional, sean los estados provinciales o los municipios.

Al respecto es del caso recordar que el proyecto de ALBERDI, indiscutida base inspiradora del texto constitucional, proponía que los gastos de la Confederación fueran sostenidos “por un tesoro federal creado con impuestos soportados por todas la provincias” (13). Pero ya la Constitución histórica sancionada en 1853 en se art. 4º dispuso con claridad que solo podrán imponerse contribuciones a la población (art. 4º, cit.).

Esta modificación por la constituyente de 1853 de lo que proponía ALBERDI resalta que se trató de una decisión consiente y meditada. Y el interés de los constituyentes en garantizar la igualdad y la autonomía provincial en materia tributaria se destaca nuevamente en las modificaciones introducidas a propuesta de la provincia de Buenos Aires al incorporase en 1860 (14).

En los párrafos precedentes señalé que en casi todas las definiciones de impuestos se remiten como sujetos pasivos a individuos, a particulares, a ciudadanos en suma, a la población, como bien señala nuestra Constitución y acabamos de reseñar. Y prácticamente en ningún caso se advierte la posibilidad de que alguna provincia integrante de una república federal pueda ser sujeto pasivo de un tributo que imponga el gobierno central. Por cierto, las posibilidades de que en un hipotético arreglo general constitucional los Estados integrantes de una federación deleguen en el gobierno central la fijación de tributos sobre ellos mismos como entidades políticas autónomas –y no sobre los integrantes en base a la uniformidad- resulta sumamente extraña, pues implica casi la negación del sistema (15).

Pero más allá de que resulte o no descabellado suponer un sistema federal donde a un poder central le sean reconocidas facultades legítimas para imponer impuestos o contribuciones no ya sobre los individuos (y en forma uniforme y proporcionada), sino directamente sobre la comunidad más pequeña, como entidad política en sí, esta situación hipotética la juzgo inadmisible en el sistema constitucional argentino.

Ha dicho MATIENZO (probablemente una de las mentes mas claras de nuestra práctica constitucional) que las provincias no pueden fijar impuestos sobre bienes federales (16), por lo que se advierte cómo podría hacerlo a la inversa el Gobierno Nacional sobre municipios sin afectar el equilibrio constitucional.

Al respecto, concretamente, GÓNZALEZ señalaba que las provincias no pueden imponer contribuciones sobre los bienes que se sirven a otros poderes del propio gobierno o a sus municipios para su exigencia o funcionamiento, luego con cita de COOLEY resaltaba que todo ello se halla comprendido o amparado por la regla de la coexistencia de la soberanía de que cada poder del Estado se halla investido. Y agregaba: Como estas limitaciones son recíprocas, en cuanto las soberanías de Estado son excluyentes, las provincias, en el ejercicio de sus funciones, tienen derecho a la misma inmunidad que la Nación respecto de poder del Congreso para legislar sobre su dominio exclusivo (17).

c) El impuesto es una carga sobre la propiedad privada y pasa sobre los individuos (la población). Y el suponer un impuesto, una obligación pecuniaria sobre una entidad política estatal, casi se asemeja a una suerte de tributo de una comunidad sometida militarmente.

Tal vez esta mención suene extremadamente dramática, pero no puede desconocerse que una de las características del impuesto es que se trata de obligación jurídica, y que, por ser tal, implica una sanción coactiva (penal o económica) sobre el incumplidor. En tal virtud, pensar en la sanción coactiva desarrollada por un gobierno central sobre entidad política autónoma integrante de la Republica por el incumplimiento de una norma impuesta unilateralmente, resulta chocante con el régimen de equilibrio y convivencia armónica que prevé la Constitución. Pues el diseño de nuestro país no se asemeja ni a situaciones de conquista ni a relaciones casi feudales (18), sino a un orden jurídico de coordinación federal.

En suma, la imposición de un tributo por un Estado a otro resuma un cierto tono de dominación política y no de coordinación. ARISTÓTELES, por ejemplo, distinguía las contribuciones que se exigían los estados confederados, (tributos, phóroi) que provenían de la imposición por conquista, de los impuestos (téle) que remitían a tasas que se cobraban en la cuidad por diversos conceptos (19).

d) Efectuadas estas consideraciones me parece que resultará de provecho analizar brevemente algunas características de la institución municipal.

El municipio, como institución que encarna el régimen municipal, tiene rango constitucional, pues nuestra Lex Fundamentails la reconoce como una exigencia que impone la Nación a las provincias como condición de garantir sus instituciones y el ejercicio de sus derechos (arts. 5º, 123 y concs.).

Es decir, el régimen municipal es una institución básica en el régimen político que consagra la Constitución. Al respecto, ALBERDI señalaba que los municipios ejercen la soberanía que se delega constitucionalmente en ellos para administrar los intereses locales sin injerencia de poder o gobierno provincial (20).

Y si esta entidad es una verdadera célula básica de la organización del derecho político de la República, va de suyo que no puede ser objeto de sometimiento a tributos o impuestos por el gobierno central.

Pues, si ello ocurriera, se transformaría en un recaudador de impuestos de modo casi feudal para trasladarlos al gobierno central, y, los habitantes de cada municipio estarían contribuyendo en forma desmedida a las rentas de la Nación. En este sentido creo que cabe resaltar que no son esas las funciones que la Constitución y las leyes otorgan a los municipios, y que marcan los deberes de los funcionarios comunales. Por el contrario lo que deben realizar es administrar los intereses y servicios locales (en el caso de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ver arts. 190 y concs. de la Constitución de la Provincia (21).

Es que si ello fuera admisible, se estaría aceptando que el contribuyente local, además de cumplir sus obligaciones frente al gobierno central conforme a las leyes y sus específicas previsiones en orden al respecto de la proporcionalidad y la justicia, debería soportar exigencias sobre parte de su patrimonio que, percibidas por el gobierno municipal por vía del cobro de las tasas específicas, se derivaría finalmente hacia aquel por la vía indirecta (y, a mi juicio, infundada) de los pagos que el municipio soporte por los impuestos nacionales.

A su turno, si el patrimonio municipal es objeto del gravamen al realizar las adquisiciones o locación de servicios, el presupuesto de la comuna se afecta conforme a los bienes que adquiere y servicios que contrata. Y los sujetos obligados a la contribución para la formación de la masa activa del presupuesto municipal, ven que sus aportes son distraídos en un fin diverso al que fue previsto por las Constituciones (federal y local) y las leyes reglamentarias.

En efecto, el contribuyente local por las tasas municipales no debe ser –por esta vía- un contribuyente de las rentas nacionales. Sin embargo, la tesis que sustenta la ley vigente afirma esa postura.

4. Conclusión

En suma, al tener que soportar los municipios el mayor valor del precio por la incidencia del impuesto al valor agregado, sus presupuestos se ven resentidos y sus recursos (conformados fundamentalmente por los ingresos de los contribuyentes locales y las llamadas “coparticipaciones provinciales”) terminan siendo derivados al Tesoro nacional.

En otras palabras: los contribuyentes locales, por medio de los municipios, pagan dos veces impuestos nacionales o, en otros términos, el municipio financia al Estado nacional. En ambos casos se vea desde la óptica del contribuyente local o la del municipio como estado local, el resultado es una consecuencia disfuncional.

5. Algunas objeciones a la tesis expuesta

Al exponer esta tesis en diversos ámbitos, públicos y privados, de modo formal o informal, se escucha algunas observaciones críticas, que corresponde atender.

Se ha dicho que el hecho que la Nación coparticipe los ingresos por impuesto al valor agregado con las provincias y éstas lo hagan con los municipios (22) toma abstracto el planteo. No es así, pues las sumas de coparticipación provincial no tienen relación directa ni proporcionada con lo que ingresa al Estado local por impuesto al valor agregado del Estado nacional ni con lo que los municipios abonan por la incidencia en los precios de ese impuesto. Además no todo el impuesto al valor agregado se coparticipa con las provincias.

También se ha argumentado que las provincias y la Nación ven gravados sus servicios y bienes que adquieren con IVA del mismo modo que los municipios. Pues bien, en principio, entiendo que la existencia de un igual o similar derecho en un tercero no puede ser argumento para discutir el del municipio, pero me adelanto a señalar que los municipios están en situación diversa de la Nación y las provincias.

En primer lugar es la Nación la que ha otorgado el sistema de la ley del impuesto al valor agregado, por lo que su propia voluntad de crear este sistema deja expresado que no la afecta o, mejor, que lo consciente. En cuanto a las provincias, ellas participan de la consagración de las normas que regulan este sistema por lo que tampoco puede objetarlo (art. 75, inc.2º, CN).

Por último, se ha esgrimido un aumento que no finca en el derecho constitucional, sino en un supuesto beneficio del cobro del impuesto al valor agregado a los municipios. Se ha dicho que así se desalienta que los municipios tercericen los servicios por que si éstos los asumen y desarrollan con personal propio, no pesa el IVA. Es decir, cuando mayor sea el gasto del municipio en personal y menor en adquisición de bienes o contratación de servicios, menor será la incidencia del IVA. No me parece acertado el argumento, porque no es claro que la administración estatal resulte más eficiente si asume por sí la realización de obras y servicios que debe brindar a los vecinos que si la contrata a terceros; siempre analizando los casos desde supuestos de transparencia absoluta y una eficiencia media. Por otro lado, diría que, en cualquier caso, estaríamos discutiendo cuánto mayor o menor es la incidencia del impuesto al valor agregado en el presupuesto municipal, pero no el fondo del asunto o, si se quiere, la corrección o incorrección constitucional del sistema.

6. Final

De otro lado, y siguiendo con los argumentos relativos a la calidad de la solución (y no a su adecuación o no al orden constitucional) pienso que la asignación de los recursos por parte de las instituciones que más cerca se hallan de las necesidades de la gente (municipios respecto del Estado nacional y provincias) es, en muchos casos, más beneficiosa en términos de control ciudadano y eficiencia en el gasto. En el caso que nos ocupa, creo que es más práctico y justo que los municipios asignen sus recursos a satisfacer las necesidades de la población, y no a ingresar parte de su recaudación en el tesoro nacional.

Cabría también pensar que existen municipios con mayores recursos y con menores recursos, con vecinos o poblaciones con diversos grados de necesidades. En tal caso corresponde preguntarse si es justo que todos paguen la misma alícuota. Pero esto es un defecto de todos los impuestos al consumo, y merece un tratamiento diferente.

Intenté exhibir argumentos constitucionales y tal es el objeto del trabajo. Ello no obstante me interesa destacar que lo que acá se expone no debería ser considerado solo como un desarrollo teórico, porque actualmente (23) las finanzas municipales se encuentran en una situación grave. Es admitido por todos la dificultad de la situación fiscal nacional y provincial, pero la de los municipios es más grave. El fisco nacional percibe ingresos “dolarizados” –las retenciones a las exportaciones- y el impuesto al valor agregado se incrementa con la inflación. Las provincias, más allá de la situación particular de cada una, reciben esa coparticipación de impuesto al valor agregado aumentada por la inflación algo similar ocurre con el impuesto a los ingresos brutos. En cambio, los municipios solo pueden percibir tasas que –conforme a la ley a una jurisprudencia que a mi juicio es errada- únicamente serán la contrapartida casi estricta del costo de un servicio (24). En la situación actual, con mayores grados de morosidad, pensar en adecuar las tasas al aumento inflacionario es difícil pero, sin embargo, los costos de los bienes y servicios que el municipio adquiere siguen aumentando y, además, están gravados con el impuesto al valor agregado.

Creo que las finanzas municipales deben ingresar en la agenda de debate si se quiere recomponer los tres estamentos institucionales de la representación popular. Es cierto que los municipios reciben la llamada “coparticipación provincial” pero en la medida que el porcentaje de sus ingresos sea mayor por esa vía que los propios por recaudación de tasas, es probable que la autonomía municipal que resulta un programa del constituyente de 1853, ratificando en 1994 derive sólo en una buena intención.

NOTAS

(1) Esta argumentación fue desarrollada por el autor durante el año 2000, con la colaboración y el consentimiento del intendente de La Matanza, doctor Alberto Balestrini, y del escribano Luis Cigogna, actualmente diputado nacional y entonces secretario de gobierno de la misma municipalidad. Por ello, en base a lo que acá se desarrolla el municipio efectuó un reclamo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que ésta rechazó con remisión al texto de la ley sin ingresar en los argumentos constitucionales, y el diputado Cigogna presentó un proyecto de ley que aún no fue tratado por la comisión de presupuesto de la Cámara baja a fin de que la AFIP reintegre a los municipios el impuesto al valor agregado que abonan al adquirir bienes y contratar servicios.

(2) Conf., por todos, LINARES QUINTANA, SEGUNDO, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, Buenos Aires, Alfa, 1956, t. 4 pág.330 y sigs. Y nota 3529.

(3) MONTESQUIEU, El Espíritu de las Leyes, L. XIII Cap.I; las citas son tomadas de la publicación de Ediciones Libertad, Buenos Aires, 1994, traducción de Nicolás Etevánovez, pág. 196.

(4) VILLEGAS, HÉCTOR, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Buenos Aires, Depalma, 1979, t. I, pág.75.

(5) EKMEKDJIÁN, MIGUEL ÁNGEL, Tratado de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1993, t. I, pág.237 y sigs.

(6) Carta Magna, 12, conf. En LUCIFREDI, PIER GIORGIO, Appunti Di Diritto Constituzionale Comparato 2. Il sistema Britannico, Giuffré, Milán, 1979, pág. 92.

(7) GONZÁLEZ, JOAQUÍN V. Manual de la Constitución Argentina, 9ª ed., Buenos Aires, Ángel Estrada y Cía., pág. 705, parág. 696.

(8) MONTESQUIEU, ob. Cit., L.XIII, Cap. , pág. 196.

(9) EKMEKDJIÁN, MIGUEL ÁNGEL , ob. Cit., I pág 243; VILLEGAS, HÉCTOR, ob, ob. Cit., t. II, pág. 122.

(10) TÁCITO, Anales, L. XIII, XXXI.

(11) Conf. Por todos, SULLIVAN, CLARA, El impuesto sobre valor agregado, traducción de Antonio García de Blas, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1978, pág. 30 y sogs. Estudio introductoria de Ricardo Calle Saiz-, en pág 115 y sogs. El caso de Francia y en pág. 193 y sigs. El caso de Japón; VILLEGAS, HÉCTOR, ob. Cit. T. II pág 122 y sigs.

(12) Como es conocido, durante muchos años fue el veintiuno por ciento, pero recientemente la alícuota general ha sido reducida al diecinueve por ciento.

(13) Art. 8º del proyecto; cf. Su cita en SAMPAY, ARTURO, Las constituciones de la Argentina, Bueno Aires, Eudeba, 1975, t. I y II, pág 342.

(14) Ver Informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal presentado a la Convención del Estado de Buenos Aires, esp. ptos. V y VI conf. Sus citas en SAMPAY, ARTURO, ob. Cit. Pág. 404 y sigs.

(15) BOWIE, ROBERTO y FRIEDRICH, CARL. Estudios sobre Federalismo, Buenos Aires, Bibliografía Argentina, 1958, pág. 427.

(16) MATIENZO, JOSÉ NICOLÁS, Cuestiones de Derecho Público Argentino, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1925, t. 1, pág. 213 y su cita en la Corte Suprema de los EE.UU., 117 U.S. 151.

(17) GONZÁLEZ, JOAQUÍN V., ob. Cit. pág. 706, parág. 697

(18) MONTESQUEIRU, ob. Cit. L. XIII. Cap. VI.

(19) ARISTÓTELES, Constitución de los Atenienses, 24; se consultó la publicación de Gredos, traducción de Manuela García Valdés, Madrid, 1998.

(20) ALBERTI, JUAN BAUTISTA, Derecho Público Provincial Argentino, parte 1ª, cap. IV, cit. Por BIELSA, RAFAEL, Derecho Administrativo y Legislación administrativa. Argentina, J Lajouane & Cía., Buenos Aires, 1921; t. , pág. 139.

(21) Para el caso de la provincia de Buenos Aires, ver arts. 190 y concs. de la Constitución local.

(22) uno de los argumentos que ha utilizado la AFIP para oponerse a la tesis que desarrolla este trabajo.

(23) Diciembre de 2002.

(24) Es cierto que algunas tasas se calculan en base a un porcentaje de los ingresos brutos, pero éstas, en algunos casos, son objetadas por los contribuyentes como “desproporcionadas” con el servicio, dando lugar a la jurisprudencia a la que he referido, de la que intentaré ocuparme en otra ocasión.

Publicada en El Derecho, 2002.

 

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