¿Los decretos delegados dictados por el presidente Macri que disminuyen o eliminan derechos de exportación son inconstitucionales?

El tema a analizar es si los decretos delegados emitidos por Macri como titular del Poder Ejecutivo en diciembre de 2015 que disminuyen o eliminan los derechos de exportación (a la soja y derivados al 30% y al 27%, o los elimina para trigo, maíz, y algunos industriales, etc.) son inconstitucionales porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para subir o bajar los derechos de exportación.

Me refiero al decreto 133/2015 que trata la baja o eliminación de los derechos aduaneros para productos agropecuarios. El análisis es similar para el de productos industriales.

La idea es realizar un desarrollo breve y dejar planteado el tema.

I. Fijar los tributos es una facultad indiscutible del Congreso (art. 75 CN). Y en especial lo es fijar los derechos aduaneros (art. 75 inc. 1 CN).

II. Existió desde antiguo un debate respecto de si el Congreso podía o no delegar en el Poder Ejecutivo sus facultades, entre ellas las de elevar y bajas los porcentuales de los derechos de exportación.

La reforma de 1994 incorporó el art. 76 CN que prohíbe como regla la delegación de facultades del Congreso en el PEN salvo en materias determinadas, por plazo y dentro de las “bases” que el Congreso establezca.

La Convención de 1994 incluyó una cláusula transitoria en la Constitución (la Octava) que estableció la caducidad de la legislación delegada por el Congreso en el Poder Ejecutivo, salvo que la que el Congreso ratificara. (Copio la cláusula transitoria octava: La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley).

III. El Congreso desde 1999 fue ratificando y prorrogando las delegaciones en el Poder Ejecutivo. En parte porque se discutía qué era delegación y qué era la creación de una función administrativa.

Este debate es irrelevante para este asunto porque no hay ninguna duda que subir o bajar derechos aduaneros es facultad del Congreso (art. 75 inc. 2 CN).

Así fue hasta que en 2009, cuando en el Congreso la oposición tenía mayoría (el llamado Grupo A) y se sancionó la ley 26.519 que prorrogó, pero solo por un años las facultades delegadas y exigió que el Poder Ejecutivo ejerciera la facultad y no los ministros (prohibió la subdelegación); y que al ejercer facultades delegadas el Poder Ejecutivo informara qué norma invoca.

(Dice el art. 1 de la ley citada: …. ratifícase en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un (1) año, y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. El titular del Poder Ejecutivo nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, incisos 4 y 12, de la Constitución Nacional y la Ley 26.122. En cada caso, deberá citarse la norma jurídica en la cual se enmarca la delegación legislativa, determinando número de ley y artículo. El subrayado es añadido).

IV. Cuando el Poder Ejecutivo ejerce facultades delegadas por el Congreso el decreto debe ser revisado por el Congreso mediante la intervención de la Comisión Bicameral Permanente (la que trata los decretos de necesidad y urgencia y los vetos parciales) y luego debe expedirse cada Cámara.

La intervención de la Bicameral permanente es decisiva.

Surge del art. 100 inc. 12 de la CN que establece las facultades del JGM (12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente).

El decreto del presidente Macri 133/2015 que bajas la retenciones a la soja y las elimina para trigo, maiz, etc. (lo copio abajo) invoca el ejercicio de facultades delegadas por el Código Aduanero, art. 755.

El art. 755 del Código Aduanero prescribe: ” 1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido. 2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender las necesidades de las finanzas públicas.

Es la norma que dio causa a la resolusión 125 MECON, entre muchísimas otras.

Pero, como dije antes, a mi modo de ver, la facultad que el Congreso daba al Poder Ejecutivo por ese artículo ha caducado por la cláusula transitoria Octava de la Constitución.

VI. Es decir que el Poder Ejecutivo habría invocado para bajar o eliminar derechos de exportación una facultad que el Poder Ejecutivo no tiene desde hace años (desde agosto de 2010).

Si así fuera, el decreto es inconstitucional.

VII. ¿Puede haber en el fárrago de leyes posteriores a 2010 alguna que confiera esta atribución al PEN oculta en alguna ley larga como el presupuesto?

Puede, pero no lo creo. No la he encontrado. Y, de hecho, el Poder Ejecutivo no la invoca como le ordena que lo haga la ley 26.519.

Apéndice para municipios

VIII. Por Decreto de Necesidad y Urgencia 206/2009 el Poder Ejecutivo (Fernández de Kirchner) creó el Fondo Federal Solidario con el fin de financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales. El Fondo se compone del 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja.

Las Provincias debían adherir y, entre otras, Buenos Aires lo hizo. Las transferencias de Nación a las provincias debe ser automática. Y, luego, las provincias debían “establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción semejante a lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos

Dicha proporcionalidad –dice el DNU- no podrá nunca significar un reparto inferior al 30% del total de los fondos que a la Provincia se destinen por su adhesión a esta norma.

Así, a los municipios por el DNU 206/2009 se les reconoce el derecho a percibir una cantidad de dinero que surge de un Fondo que se compone con el 30 % de lo que el Estado Nacional perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados.

Si el decreto 133/2015 que baja los derechos aduaneros a la soja y sus derivados es inconstitucional, y ello disminuye el Fondo Solidario creado por el DNU 206/2009; ¿los municipios afectados tienen derecho de acción?

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: